La independencia de Cataluña

Las tensiones existentes a causa de la lucha por la independencia de Cataluña no hacen más que incrementarse. Ante la crisis económica y el papel de España en ésta, la Generalitat se muestra cada vez más insistente por desvincularse del país.

El Gobierno se niega en rotundo a negociar la independencia. Se resguarda, ante todo, en la mala elección del momento. España se encuentra ahogada por la crisis y la pérdida de una de las comunidades autónomas no ayudaría a reforzar el sistema económico. La presencia de Cataluña en España es muy importante, puesto que supone el 18% del PIB. Las intenciones del presidente de la Generalidad de organizar un referéndum en el que sólo participe la comunidad catalana, no se sostiene de ningún modo. Hasta nueva orden, Cataluña forma parte de España, y el hecho de que sólo una parte de España manifieste su opinión, mediante voto secreto, sobre un tema que atañe a toda la población no es aplicable.

Según Kenneth Rogoff, profesor de Economía de la Universidad de Harvard y ex economista jefe del FMI, Cataluña, aislada de España, podría ser uno de los países más ricos del mundo. Ésta es la idea que sostienen los defensores de la independencia y que utilizan recurrentemente como argumento en su defensa ideológica. Sin embargo, otros expertos han asegurado que Cataluña, fuera de España, sufriría un grave deterioro económico y vería desplomada su renta per capita. Los datos que aportan para justificar esta sentencia, son muy simples: si Cataluña consiguiese la independencia, dejaría de pertenecer a la Unión Europea y quedaría fuera del euro. Sus flujos comerciales se verían afectados por más del 80% a causa de las fronteras con España y con el resto de socios europeos, y los sobrecostes arancelarios reducirían la competititvidad de los productos y servicios catalanes. Y no sólo eso, probablemente se produciría el mismo rechazo que ya tuvo lugar en su momento con el cava catalán y, muchas empresas, por el miedo a verse afectadas por las connotaciones independentistas, se trasladarían a España.

Todo esto, claro está, son sólo meras suposiciones. La realidad actual es que la economía catalana es la primera de las comunidades autónomas de España con un producto interior bruto de 200.111 millones de euros, según datos del 2010, y está situada en la cuarta posición respecto al PIB per capita. La previsión de crecimiento económico en este año 2012 era de un 1'6% respecto al 1'1% del año 2011, por lo que está considerada como una de las comunidades más prósperas del país.

- Situación económica

- Párrafos resumen

http://lodicelaagendasetting.blogspot.com.es/2012/11/el-referendum-de-cataluna.html
http://lodicelaagendasetting.blogspot.com.es/2012/11/el-modelo-ideal-propuesto-por-cataluna.html
http://lodicelaagendasetting.blogspot.com.es/2012/11/la-opinion-publica-manifestaciones.html

La opinión pública: manifestaciones por la independencia

El día 11 de septiembre, la Diada de Cataluña, cientos de miles de personas salieron a manifestarse a favor de la independencia. 3 kilómetros de personas- el número de manifestantes oscila entre 600.000 y un millón y medio- ocupaban el Passeig de Gràcia y la Via Laietana. Aunque hubo distintas reclamaciones, el objetivo principal, tal y como rezaba la pancarta, era muy claro: "Catalunya, nuevo estado de Europa".

La manifestación destacó por su carácter pacífico. Miles de esteladas (bandera independentista catalana) y señeras (bandera autonómica de Cataluña) ondeaban y cubrían la marcha a modo de reclamo silencioso y colorido. No faltaron las alusiones al Presidente de la Generalidad, Artur Mas, que aprovechó el mensaje de la Diada para excusarse por no asistir a la manifestación, alegando que él debe cumplir con un papel más institucional tratando de preservar la unidad del pueblo catalán.

Sin embargo, no toda Cataluña está a favor de la independencia. Existe otro sector que se opone a la idea de la secesión de España. Este grupo, autodenominado "Catalans que no volen la independència" está formado por todos aquellos catalanes que, lejos de negar su lengua y sus raíces catalanas, defienden también con el mismo orgullo su nacionalidad española.

Este grupo de catalanes en contra de la independencia aprovechó el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, para congregarse y manifestarse en contra de la separación de Cataluña de España. "Somos catalanes pero, ante todo, somos españoles" fue la frase más repetida durante el evento. A gritos de "España entera y sólo una bandera", "Yo soy español, español, español", "Cataluña es España" o "Viva España, viva Cataluña", los manifestantes reivindicaban su posición contraria al movimiento independentista. Las cifras de los asistentes oscilan entre las 6.000, 65.000 y 500.000 personas -ésta última, no oficial, por parte de la organización juvenil del PPC, Noves Generacions de Catalunya-.

El referéndum de Cataluña

Una sencilla fórmula: sí o no. Así pide Cataluña que se materialicen los deseos independentistas de una lucha que ya lleva gestándose desde hace muchos años. La petición de un referéndum consultivo está dando mucho de que hablar respecto a su legalidad en confrontación con la Constitución Española.

La secesión de Cataluña no está recogida en la Constitución. Sin embargo, la independencia puede llevarse a cabo si concurren tres factores: una mayoría cualificada, una negociación con la capital de España y el apoyo de la Unión Europea y la comunidad internacional.

En España hay tres tipos de referendos: consultivos, de reforma de Estatutos para aquellas regiones que lo requieran y de reforma constitucional. El tipo de referendo que pretende llevar a cabo Artur Mas, es el de carácter consultivo, y el único que tiene la potestad para convocarlo es el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. En caso de que Mas lograra la autorización de Mariano Rajoy, debería pedir una reforma constitucional, no directamente la independencia.

La Constitución Española, en el artículo 2, define a España como una soberanía indisoluble y no contempla la independencia. Ninguna parte del territorio español puede proclamar ni consultar su escisión del Estado. Para que la independencia de Cataluña pudiera convertirse en una realidad, primero habría que reformar la Constitución, lo cual es muy difícil teniendo en cuenta el carácter rígido de ésta. En este caso, además, la idea debería ser propuesta mediante procedimiento agravado ya que afecta al Título Preliminar, tal y como dicta el artículo 168.

La única solución factible, dadas las circunstancias actuales, sería el planteamiento de un referendo a todos los ciudadanos. Este hipotético caso de consulta para reformar la Constitución exigiría un pronunciamiento soberano del pueblo español, no sólo del pueblo catalán, puesto que es un asunto que concierne a todos. Este referendo, además, tendría carácter consultivo no vinculante, lo cual quiere decir que el Gobierno no tendría la obligación de acatar los resultados. Los referendos consultivos se recogen en el artículo 92 de la Constitución Española, que expresa que las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas a votación de todos los ciudadanos del país.

Todas las normas deben aplicarse o elaborarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución, y cualquier proposición que vaya en contra de lo que en ella se establece podría ser declarada inconstitucional. El referéndum de autodeterminación, tan respaldado y demandado, es ilegal si se tiene en cuenta lo dictado por la Constitución. Las propuestas de Artur Mas no tienen cabida dentro del ordenamiento jurídico, por lo que todos los que se manifiestan en contra tienen la obligación, bajo juramento constitucional, de luchar legalmente contra ellas.

Para más inri, Mas podría incurrir en delito con la insistencia de su propuesta. Entre los años 2003 y 2005, el Código Penal incluía un delito específico para la convocatoria ilegal de referéndums. El ex Presidente del Gobierno Jose Luis Zapatero derogó este delito, por lo que actualmente el Presidente de la Generalidad ya no puede cometer este delito, aunque sí está cometiendo un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 410 del Código Penal y castigado con penas de inhabilitación y multa, no de prisión.

El modelo ideal propuesto por Cataluña

El presidente de la Generalidad, Artur Mas, habla de un modelo en el que Cataluña goce de los mismos poderes que tiene un Estado federal de los Estados Unidos. En el caso de Cataluña, esta situación se traduciría en la posesión de los mismos poderes que tiene cualquier país dentro de la Unión Europea.

Un Estado federal se diferencia de un Estado autonómico en que los territorios que forman parte del Estado federal se denominan "Estados" y tienen su propia Constitución, mientras que en un Estado autonómico los distintos entes territoriales reciben el nombre de "Comunidades autónomas" y tienen sus propios estatutos de autonomía.

Las ventajas que ofrece un Estado federal frente a un Estado autonómico no son muy claras. Teóricamente, permite una mayor claridad en la delimitación de competencias y da cabida a la posibilidad de que las reformas sean centralizadoras. Por centralizador se entiende que las competencias y los servicios de la Administración central no sean siempre traspasadas a corporaciones locales o regionales, sino que puedan ser puestas en común por un poder central. No obstante, la descentralización está pensada como método para agilizar las actividades burocráticas, ya que se reparten las distintas funciones entre varios organismos, de modo que la centralización no es muy recomendable en la práctica. Con Cataluña convertida en un Estado federal, Mas pretende la creación de una política tributaria propia, mediante la transferencia de los instrumentos necesarios, y salir de la Agencia Tributaria estatal.

Según Artur Mas, Cataluña dispondría de más instrumentos y recursos y de una mayor capacidad de decisión para defender la lengua y cultura catalanas. Este argumento se contradice de lleno con lo que dicta la Constitución Española en su Preámbulo, que en el tercer y cuarto puntos proclama su voluntad de "proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones" y la voluntad de "promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida". Es decir que, en la teoría, la Constitución ya vela por la garantía de los propósitos del Presidente de la Generalidad.

Para algunos, el Estado de Autonomías es de por sí una federación imperfecta y el actual Estado autonómico español es, en la práctica, federalista. Cada asunto es resuelto por la instancia más próxima al foco de origen del problema, es decir, que cada Comunidad autónoma soluciona los problemas que le competen por proximidad (principio de subsidiaridad).