El presidente de la Generalidad, Artur Mas, habla de un modelo en el que Cataluña goce de los mismos poderes que tiene un Estado federal de los Estados Unidos. En el caso de Cataluña, esta situación se traduciría en la posesión de los mismos poderes que tiene cualquier país dentro de la Unión Europea.
Un Estado federal se diferencia de un Estado autonómico en que los territorios que forman parte del Estado federal se denominan "Estados" y tienen su propia Constitución, mientras que en un Estado autonómico los distintos entes territoriales reciben el nombre de "Comunidades autónomas" y tienen sus propios estatutos de autonomía.
Las ventajas que ofrece un Estado federal frente a un Estado autonómico no son muy claras. Teóricamente, permite una mayor claridad en la delimitación de competencias y da cabida a la posibilidad de que las reformas sean centralizadoras. Por centralizador se entiende que las competencias y los servicios de la Administración central no sean siempre traspasadas a corporaciones locales o regionales, sino que puedan ser puestas en común por un poder central. No obstante, la descentralización está pensada como método para agilizar las actividades burocráticas, ya que se reparten las distintas funciones entre varios organismos, de modo que la centralización no es muy recomendable en la práctica. Con Cataluña convertida en un Estado federal, Mas pretende la creación de una política tributaria propia, mediante la transferencia de los instrumentos necesarios, y salir de la Agencia Tributaria estatal.
Según Artur Mas, Cataluña dispondría de más instrumentos y recursos y de una mayor capacidad de decisión para defender la lengua y cultura catalanas. Este argumento se contradice de lleno con lo que dicta la Constitución Española en su Preámbulo, que en el tercer y cuarto puntos proclama su voluntad de "proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones" y la voluntad de "promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida". Es decir que, en la teoría, la Constitución ya vela por la garantía de los propósitos del Presidente de la Generalidad.
Para algunos, el Estado de Autonomías es de por sí una federación imperfecta y el actual Estado autonómico español es, en la práctica, federalista. Cada asunto es resuelto por la instancia más próxima al foco de origen del problema, es decir, que cada Comunidad autónoma soluciona los problemas que le competen por proximidad (principio de subsidiaridad).
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